El sistema de justicia es el único mecanismo que, en democracia, permite dilucidar los conflictos. A pesar de la existencia de falencias –producto del accionar humano- en ese tipo de sistemas tiene él la característica de la confiabilidad.
Una vez que una nación supera un conflicto interno, es el sistema de justicia el que debe implicar la atención prioritaria de todos. Quienes participaron del sistema previo y utilizaron los medios que el mismo le daba para justificar las medidas que el “ancien regime” adoptaba, no pueden continuar resolviendo controversias. Es éllo una verdad de Perogrullo. Debe crearse un nuevo Poder Judicial, no puede haber duda de eso.
La paradoja de la solución del conflicto venezolano estriba en que no habrá ganadores. Como he afirmado en alguna ocasión, todos perdimos.
El Poder Judicial venezolano debe reconstruirse desde sus cimientos. Ello pasa por facilitar la jubilación de quienes tienen derecho a éllo y exigir responsabilidad de los que han utilizado el sistema para beneficio particular. En la Venezuela del futuro, los concursos de oposición deben ser el único medio de ingreso a la carrera judicial, a los fines de garantizar la competencia de quienes habrán de impartir justicia y para que éllo ocurra, también en el sistema debe implementarse una suerte de transición.
Ciertamente que ha sido una minoría muy determinada la que ha facilitado la conversión del sistema de justicia en una suerte de instrumento de retaliación política. Basta para éllo observar en cuáles tribunales y a cuáles jueces –sobre todo penales- se les asignan las causas de interés gubernamental, lo que ha pasado inclusive por la creación de una jurisdicción especial que éllo ha permitido. Esa situación deberá revisarse.
Durante buena parte de los veintiún años de este siglo, los tribunales venezolanos han sido el medio a través del cual quienes han ocupado el Poder Ejecutivo, han logrado satisfacer sus caprichos personales. Basta que desde el Palacio de Miraflores alguna seña expresa o tácita se emita para que la decisión correspondiente se produzca en el sentido solicitado. Eso es inadmisible y al retornar la democracia debe cambiar, empezando por el análisis de la conducta funcionarial de quienes a eso se han prestado.
Lo cierto es que la democracia no puede retornar al país sin que esa situación hubiere sido previamente abordada y que a quienes corresponde adoptar las decisiones las tengan definidas, para lo cual es menester facilitarle todos los insumos que un trabajo como ese requiera. Así, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia venezolana atribuye a sus Magistrados esa competencia excluyente y exclusiva.
El trabajo pendiente no solo va referido a la situación laboral de los integrantes del sistema. Los procedimientos existentes deben ser también objeto de atención y algunos al respecto hemos trabajado este tiempo. La virtualidad y la celeridad deben ser motivo de especial atención. La justicia tardía es todo menos eso.
La transición venezolana se construye antes del cambio que se aspira. Mientras este llega hay trabajo por hacer. Para éllo es menester evaluar experiencias internacionales y coordinar la participación de universidades y academias de nuestro país -donde hay talento de sobra para éllo- que acompañen a los Magistrados del TSJ en el trabajo por hacer.
Si nos proponemos hacerlo -con ahínco e interés- la aciaga circunstancia que hemos atravesado permitirá que construyamos un sistema de justicia que sea efectivamente para todos y no un instrumento de venganza para algunos.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
