Una investigación penal sobre una inversión inmobiliaria del Vaticano está dejando al descubierto las debilidades del sistema judicial de la ciudad-estado y la ausencia de algunas protecciones básicas para los acusados, destacando la incompatibilidad de los procedimientos de la Santa Sede con las leyes europeas.
Miami Mundo / apnews
El Vaticano no ha sido nunca una democracia, pero la incongruencia de un gobierno que es una autoridad moral en el escenario global y, al mismo tiempo, una monarquía absoluta, es cada vez más evidente. El papa es juez supremo, legislador y ejecutivo, y tiene poder para contratar y despedir a funcionarios, jueces y fiscales, y elaborar y derogar leyes y reglamentos.
Un antiguo asesor papal que dejó su cargo de consultor de la Santa Sede para protestar por lo que consideró como graves violaciones de los derechos humanos en la pesquisa acerca de la inversión inmobiliaria de 350 millones de euros en Londres, explicó sus motivos en correos electrónicos al segundo al frente del Vaticano, que fueron obtenidos por The Associated Press.
Si no se hace nada, escribió Marc Odendall, “la Santa Sede no podrá integrarse en el sistema de los países civilizados y volverá a un universo reservado a los estados totalitarios”.
La investigación se hizo pública el 1 de octubre de 2019, cuando los guardaespaldas del papa allanaron la Secretaría de Estado vaticana — las oficinas del gobierno central de la Santa Sede— y la autoridad de supervisión financiera, conocida como AIF. El papa Francisco autorizó personalmente los cateos luego de que un aliado de confianza alertó a la fiscalía vaticana de las sospechas sobre la inversión.
La pesquisa ha sido presentada como un signo de que Francisco está tomando medidas corrupción. Y hay evidencia de al menos mala gestión económica por parte de funcionarios del Vaticano, ya que acordaron pagar decenas de millones de euros a intermediarios italianos por sus servicios.
Pero los sospechosos sostienen que Francisco estaba al menos al tanto del pago y que altos cargos de la Santa Sede lo autorizaron. El abogado de uno de ellos llegó a afirmar que fue el propio pontífice quien los aprobó.
La fiscalía del Vaticano negó a la AP que Francisco autorizase pagar ese dinero, pero reconoció que participó en una reunión donde se negociaron los últimos detalles del acuerdo y en la que “les pidió que hallaran una solución por el bien de todos”.
Los fiscales sostienen además que el subsecretario de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, tampoco es sospechoso porque “no estaba informado” sobre lo que estaban haciendo sus subordinados, aunque los documentos de la propia fiscalía sugieren que sí lo estaba. De hecho, no trascendió que se esté investigando a ningún alto cargo.
El caso ha puesto de manifiesto las limitaciones de la ley vaticana, que se basa en un código italiano de 1889 que ya no se usa y que restringe enormemente los derechos de los acusados durante la fase de investigación en comparación con los sistemas legales modernos.
