El presidente de Venezuela Nicolás Maduro expresó el martes su satisfacción por el regreso mayoritario de sus aliados a la Asamblea Nacional y pidió al Legislativo abrir canales de comunicación con Estados Unidos para solicitar el inicio de una investigación a fin de determinar la responsabilidad del gobierno saliente de Donald Trump en una serie de acciones para desestabilizar su gestión en la nación sudamericana.
Miami Mundo / apnews
“Aquí estamos otra vez”, dijo Maduro durante la presentación del informe anual de su gobierno ante la Asamblea Nacional. En los pasados cuatro años, el mandatario compareció ante otras instancias bajo su control, el Tribunal Supremo de Justicia y la oficialista Asamblea Constituyente.
El gobernante dejó de presentar la “memoria y cuenta” de su gestión luego de una serie de sentencias del máximo tribunal que despojó de sus competencias al anterior Legislativo, de abrumadora mayoría opositora, electo en 2015.
Los partidarios de Maduro obtuvieron 256 de las 277 bancas en los comicios legislativos del 6 de diciembre que fueron boicoteados por la oposición al considerar que no existían condiciones para elecciones libres y democráticas. El proceso electoral, en el que se le otorgó al mandatario el dominio de la última institución que aún no estaba bajo su control, también fue catalogado como fraudulento por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la región
“Estar acá, frente a una renovada Asamblea Nacional, es un prodigio” que deberían “reconocer quienes nos subestiman y desprecian”, dijo el gobernante, resaltando que sobrevivió a una serie de protestas multitudinarias, un fallido atentado con drones durante un acto militar en 2018, un frustrado alzamiento militar en 2019, la malograda incursión armada a costas venezolana en mayo pasado y una larga serie de sanciones estadounidenses promovidas por sus opositores.
El mandatario izquierdista expresó a sus aliados que “debería promover que el congreso de Estados Unidos inicie una investigación sobre estos actos de firma de contratos” para generar acciones violentas en el país, por la apropiación de “las riquezas de Venezuela” luego del congelamiento de activos de Venezuela en el extranjero, además de los supuestos planes de “asesinato del alto mando político” venezolano, acotó.
Maduro —quien ha manifestado que aspira “retomar canales de diálogo decente” con el gobierno de Joe Biden— rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 después de acusar a Trump de impulsar planes para desestabilizar su gobierno y forzar su derrocamiento.
Estados Unidos, que ha rechazado esos señalamientos, apoyó al líder opositor Juan Guaidó cuando, como jefe de la anterior Asamblea Nacional, se declaró presidente interino de Venezuela en enero de 2019, argumentando que Maduro fue reelecto en unos comicios fraudulentos.
Maduro sostiene que los intentos por retirarlo del poder y las sanciones financieras estadounidenses fueron fundamentales en el colapso de la economía nacional, signada por seis años de recesión.
“Debe haber reconciliación, pero con justicia, sin olvido”, agregó.
En 2015, los adversarios de Maduro ganaron la Asamblea Nacional al obtener una mayoría que les fue esquiva durante 16 años de gobiernos socialistas, primero con el exmandatario Hugo Chávez y posteriormente con Maduro.
Después de esa humillante derrota, Maduro se dedicó a minar al poder legislativo y a privarle de sus atribuciones mediante decisiones de la autoridad electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, que además de despojar de sus facultades a la Asamblea Nacional declaró “inconstitucionales” y “absolutamente nulos” sus actos desde el 2016, bajo el argumento de incumplir la orden de desincorporar a tres diputados opositores del estado Amazonas por supuestas irregularidades en su elección.
El máximo Tribunal, controlado por el oficialismo mediante tecnicismos legales, mantuvo la medida contra la Asamblea, mientras su Sala Electoral, dejó desde entonces en un limbo el caso de las supuestas irregularidades en la elección de los diputados de Amazonas, privando a esa región de sus representantes en el legislativo hasta la elección del 6 de diciembre pasado.
