El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó este miércoles el pedido de aclaración realizado por el Poder Judicial para anular la polémica sentencia que liberó a la líder opositora Keiko Fujimori al considerar que el fallo es “insostenible” y tiene “graves incongruencias”.
Miami Mundo / EFE
El pleno del TC declaró improcedente la solicitud presentada en la víspera para que se volviese a votar el caso y se aclarase la diferencia de argumentos esgrimidos por los cuatro magistrados que se inclinaron por la liberación frente a los otros tres que votaron en contra.
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, explicó en conferencia de prensa que el pedido presentado por la procuraduría pública (abogacía del Estado) del Poder Judicial fue desestimado porque “en el fondo encierra una impugnación para una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada”.
Blume recordó que las sentencias del Tribunal Constitucional no pueden ser impugnadas y solo se le pueden pedir aclaraciones para cualquier error u omisión en el que se hubiese incurrido.
Sin ánimo de rectificar
Sin embargo, el tribunal de garantías peruano consideró que en el fallo que excarceló a Keiko Fujimori “no contiene ningún error u omisión”, según Blume.
El presidente del TC reiteró que el resultado de la votación es “sumamente claro” a pesar de que los cuatro magistrados que votaron a favor de la liberación no compartían los mismos argumentos porque “no es necesario que los fundamentos coincidan, lo que es necesario es que coincida la parte resolutiva”.
Blume indicó que, al rechazar el pedido de aclaración, el caso queda cerrado e invocó a que “se acate como corresponde en todos los términos la sentencia del tribunal”, del que dijo que “es inmune a toda presión venga de donde venga”.
“El acatamiento debe ser general y no tener actitudes de rebeldía. Las sentencia del Tribunal Constitucional se cumplen en todos sus términos así no gusten”, apostilló Blume.
“Si alguien no respeta al TC, está infringiendo la Constitución y la ley. Llamo a adoptar una posición respetuosa de en general todas las personas. No se puede construir un estado constitucional a base de agravios y ofensas”, concluyó.
Con ello, el tribunal de garantías peruano dio por zanjada la posibilidad de reconsiderar la decisión que devolvió a Fujimori la libertad tras casi 13 meses en prisión preventiva por haber obstruido las investigaciones por presunto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.
Procurador “indignado y extrañado”
El pedido de reconsideración había sido presentado por el procurador del Poder Judicial, cuyo titular, Marco Palomino, se declaró “indignado y extrañado” por la rapidez con la que el TC ha resuelto su pedido, en menos de veinticuatro horas.
“Me llama poderosamente la atención esto porque se presentó ayer a las 14:30 y hoy el Tribunal Constitucional ha tenido audiencias desde las 9:00 hasta las 13:00 horas. No sé en qué momento se han reunido para votarlo”, dijo Palomino en declaraciones al Canal N.
El procurador señaló que el Poder Judicial respeta las sentencias del Tribunal Constitucional y que contra el fallo que liberó a Fujimori ya no cabe nada más que hacer excepto que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, presente un nuevo pedido de prisión preventiva para que sea evaluado por un juez.
Magistrado de TC será interrogado
Precisamente el fiscal Pérez sorprendió este miércoles al haber citado para un interrogatorio a José Luis Sardón, uno de los siete magistrados del Tribunal Constitucional y uno de los cuatro que liberó a Fujimori, según detallaron medios locales.
Fujimori está imputada por presuntamente no haber declarado grandes cantidades de dinero de empresas para sus campañas electorales, como un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, supuestamente ocultado con una contabilidad ficticia donde se simularon pequeños aportes de personas particulares.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es una de las grandes caras de la política peruana involucrada por los sobornos y donaciones irregulares de Odebrecht.
También están procesados los expresidentes Alejandro Toledo, pendiente de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos; Alan García, que se suicidó de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala, para el que la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski, en arresto domiciliario.
